miércoles, 6 de abril de 2011

Nosotros pagamos su sueldo y él trabaja para los grandes empresarios


El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es un el representante en nuestra tierra del dios del neoliberalismo, un sumo pontífice de los trabajadores sin derechos. Según recoge su página web sus competencias son: billetes y monedas, central de balances, estadísticas, mercado de deuda pública, política monetaria, sistemas de pago y supervisión. Entre ninguna de ellas está el mercado de trabajo pero cada vez que abre la boca pide abaratamiento del despido, desregulación laboral y otra serie de medidas para mejorar la cuenta de resultados de los empresarios.


La última ocasión ha sido ayer mismo, ante un nutrido grupo de empresarios ha dicho que, “bastaría con que los empresarios de nuestro país pudieran, al igual que en otros países desarrollados, ofrecer empleos con salarios acordes con su productividad a esos millones de desempleados y que estos pudieran tener la posibilidad de decidir sobre unas ofertas que hoy los empresarios españoles ni siquiera pueden plantearles debido a la rigidez de nuestras singulares normas”. Resulta, según este fundamentalista de la mano invisible, que los derechos de los trabajadores van contra los trabajadores. Claro que lo dice un “contratado público” que gana 165.000 euros al año, unos cuantos de miles de euros más que el presidente del Gobierno y que tiene un plan de pensiones y un blindaje en el contrato que no conocemos, pero seguro que su despido no es barato para poder agilizar el mercado.

Lo que no parece comprensible es que el Gobierno no enderece a este hombre que no para de hacer política, muy lejos de las responsabilidades que dicta la ley, y utilizar el puesto que le pagamos todas y todos los contribuyentes para beneficio de los empresarios.

Si sus competencias son los billetes y qué pasa con ellos, mucho más coherente sería que se dedicara a encontrar y sacar a la luz los 54.000 millones de euros en billetes de quinientos euros que andan, en cajas B, escondidos a los ojos del fisco.

Emilio Silva

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