“España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio”. La provocadora definición no es mía, es de Roberto Mangabeira Unger, exministro de Asuntos Estratégicos de Brasil con Lula, que pasó por Madrid hace unas semanas. Unger no es ningún revolucionario antisistema. Es catedrático en la facultad de leyes de Harvard –llegó a ese cargo con 29 años, el más joven de la historia de esta universidad– y entre sus exalumnos se cuenta el propio Barack Obama. En su opinión, cuesta encontrar otro país en el mundo –“tal vez Corea del Sur”– donde esta comunión entre el poder político y el económico sea mayor; donde se confundan de forma tan evidente los intereses de la élite empresarial con los intereses de todos los ciudadanos.
Unger me contó un ejemplo para apuntalar su teoría: una llamada del rey Juan Carlos a Lula, de viaje en el avión presidencial, para interceder en favor de una de las multinacionales españolas en Brasil. Yo le di dos: la ley hipotecaria española y el discreto interés de la mayoría de los medios de comunicación ante la condena judicial al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz; una noticia que apareció en la portada del Financial Times de Londres, pero que pasó de puntillas por la prensa de Madrid.
No he vuelto a hablar con Unger, pero me imagino su opinión sobre la reciente reunión entre el presidente Zapatero y los grandísimos empresarios. Yo creo que es todo un paso: el verdadero poder español se exhibe en ceremonia pública y opina abiertamente sobre política, no sólo sobre su economía. La tercera cámara del país junto al Congreso y el Senado –la Cámara de los Lores– al fin se muestra a las claras.
Ignacio Escolar
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